Durante poco más de dos décadas del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) operó en favor de la ciudadanía para que diversas instancias del gobierno entregaran información.
Se enfrentó, entre otros obstáculos, a la condición de Información Reservada a la que acudió incluso la 4T en muchas ocasiones para proteger por años la información de temas que consideraron sensibles, como los denominados proyectos estratégicos, así como la reserva de datos sensibles, pero en muchas ocasiones salió adelante y gracias al INAI, entre otros, periodistas y asociaciones tuvieron acceso a datos en poder de los denominados sujetos obligados.
Tras la extinción del INAI que está próxima a concretarse y dado que sus funciones y operaciones pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, surgen dos dudas principales.
En primera instancia que sucederá y como operará ahora la Plataforma Nacional de Transparencia y cómo se garantizará la preservación y actualización de los datos que contiene.
Por otra parte, la principal duda gira en torno a la forma en que se procederá, debido a que desde donde se quiera ver, el gobierno a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se desempeñará como juez y parte, entre la sociedad y las instancias oficiales a las que les será requerida la información.
Lo natural es que exista un nivel de desconfianza, por parte primordialmente de periodistas y asociaciones civiles que durante años se enfrentaron a la resistencia de las instancias oficiales a proporcionar la información que les es requerida o simplemente negar su existencia.
En el fondo, no hay certeza de la forma en la que se operará en materia de acceso a la información, un rubro cuya creación antes de 2003 fue impulsado y demandado por la oposición, pero que, llegado el momento de ser gobierno, dejó de percibirse como una demanda social justa.
A fin de cuentas, es más que claro que en este caso, al igual que otros tantos, aplica el añejo refrán que reza: Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre.
Reglas
A marchas forzadas el INE avanza en la aprobación de las reglas con las que operará el desarrollo de la promoción y la jornada electoral de junio próximo.
Ello, permite apreciar que se trabaja no como se debe, sino como se puede.
La emisión, hasta ahora, del catálogo de infracciones en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación., es un ejemplo más que evidente.
De ahí que lo cuestionable sea que no se hayan querido ajustar los tiempos para contar con una elección organizada sin prisas, ni presiones.
Argumentan, incluida la ciudadana presidenta que sería necesario realizar otra reforma constitucional, cuando han demostrado que la 4T es capaz de hacerlo en pocos días.
Pero, lo cierto es que lo que no se quiere es aceptar que se equivocaron al menos en la definición de los tiempos y condiciones. Así de claro.